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Fumigaciones y conflicto
en Colombia
Al calor del debate
E D I TO
R I A L
E l objetivo de la serie del TNI Drogas y Conflicto es poner sobre el
tapete temas de actualidad relacionados con el fenómeno global de
las drogas, con el fin de estimular el debate público alrededor
de las actuales políticas antidrogas y contribuir a la búsqueda
de políticas alternativas. Con esta intención hemos dedicado
el segundo número al controvertido tema de las fumigaciones de cultivos
ilícitos en Colombia.
En diciembre de 2000 comenzó en Colombia una intensa campaña
de fumigaciones masivas, dentro del marco del Plan Colombia. El programa
se puso en marcha rodeado de una fuerte oposición por parte de las
comunidades de campesinos involucradas y de organizaciones de la sociedad
civil nacionales e internacionales. Desde entonces, las voces en contra
del uso de herbicidas químicos para erradicar cultivos ilícitos
han aumentado de manera espectacular, abriendo el camino a un debate más
amplio sobre la política de drogas que se ejecuta en este país
latinoamericano.
En estos momentos el debate gira en torno a las consecuencias para la
salud y el medio ambiente de la estrategia, con posturas que van desde
cuestionamientos técnicos sobre el manejo de las fumigaciones hasta
un rechazo frontal a las aspersiones, con propuestas alternativas de descriminalización
de los pequeños campesinos y de procesos de erradicación
manual concertada, gradual y voluntaria.
Sin embargo, debido a la poca autonomía de Colombia en el manejo
de los cultivos ilícitos y a la fuerte vinculación existente
entre las fumigaciones y la dinámica de la guerra, la decisión
de suspenderlas no se adoptaría sobre la base de argumentos técnicos,
sino en función del desarrollo y decisiones alrededor de la confrontación
armada. La sola suspensión de las aspersiones - sin tener en cuenta
los otros factores que influyen en el agravamiento de conflicto - no sería
suficiente para evitar un escalamiento de la guerra.
Las conversaciones de paz, aunque débiles, hacen parte todavía
del panorama colombiano actual. El giro que tomen las conversaciones será
clave para decidir, o bien un fortalecimiento de la solución política
al conflicto, o una confrontación directa, generalizada, tendiente
a debilitar la insurgencia.
Fumigaciones: al calor de la controversia esboza una revisión
de los acontecimientos relacionados con la actual campaña de fumigaciones
desde su inicio en diciembre del 2000.
Fumigaciones y conflicto armado en Colombia ofrece un análisis
del debate en torno a las fumigaciones y su vinculación con la crisis
del proceso de paz y el inminente riesgo de una intensificación
del conflicto armado.
Por último, reproducimos la carta que el sociólogo Ricardo
Vargas, investigador asociado del TNI y representante de Acción
Andina en Colombia, envió a la Embajadora de EEUU en Colombia, Anne
Patterson. Esta carta surgió como reacción a la advertencia
que hiciera la embajadora de que una suspensión de las fumigaciones
significaría también la suspensión del Plan Colombia.
En su misiva, Ricardo Vargas señala las razones por las que dicha
suspensión, en lugar de ser un problema, resultaría beneficiosa
para Colombia, describiendo detalladamente lo que significaría para
Colombia la suspensión del Plan.
Al cierre de esta edición, El TNI tuvo conocimiento del reinicio
de las fumigaciones en los departamentos del Sur, cuyo objetivo es erradicar,
desde ahora hasta diciembre, más de cien mil hectáreas de
coca y amapola. Estas nuevas fumigaciones, que comenzaron el 6 de septiembre,
han sido precedidas por un amplio operativo de seguridad a cargo de las
tropas del ejército, para asegurar los sitios en tierra por donde
deban sobrevolar los aviones. El nombre de la operación: 'Apocalipsis'.
FUMIGACIONES:
AL CALOR DE LA CONTROVERSIA
E n julio del 2000, el entonces presidente Clinton aprobó una
ley por la cual se destinaban 1.300 millones de dólares para la
"guerra a las drogas", en el marco del llamado Plan Colombia. De este monto,
una buena parte le fue asignada a Colombia en calidad de ayuda militar:
entrenamiento, financiación y suministros para los batallones antinarcóticos
del ejército que operan en el Sur de Colombia, un área en
donde se estima que crece el 60 por ciento de los cultivos ilícitos
del país. El objetivo: una masiva aspersión aérea
con químicos para acabar con la producción ilícita
de la región. Las fumigaciones en el Putumayo - en plena selva amazónica
y frontera con Ecuador - convirtieron este departamento en el primer "laboratorio"
del Plan Colombia.
Pero el Sur no es solamente zona de cultivos ilícitos. Con una
población de casi 6 millones de habitantes, en la región
surcolombiana conviven una gran cantidad de comunidades indígenas
y una importante población afrocolombiana.
También es una importante área de influencia de las FARC.
Esta organización insurgente extrae parte de sus ingresos del impuesto
que exige a los cultivadores de coca que se encuentran en territorio bajo
su control. La destrucción de los cultivos está orientada
a la eliminación de una importante fuente de ingresos y, además,
significa un incremento de la presencia militar en la región, y
por ende, un potencial escalamiento de los enfrentamientos. Las labores
de fumigación se hacen protegidas por los batallones antinarcóticos
del ejército (entrenados por Estados Unidos) que se movilizan en
helicópteros artillados (donados por EEUU) con despliegue de soldados
profesionales en tierra.
Las fumigaciones
del Plan Colombia
Las fumigaciones con herbicidas químicos no son nuevas en Colombia.
Más de dos décadas de aplicación de programas de erradicación
aérea con químicos le han reportado a Colombia una gran experiencia
en esta materia. La suficiente, en todo caso, para argumentar la inutilidad
de dichos programas: en dos décadas la superficie de cultivos ilegales
no sólo no se ha reducido sino que se ha multiplicado notoriamente.
La novedad del programa de fumigaciones del Plan Colombia era la intensidad
de su aplicación y la nueva mezcla utilizada. Ahora se trataba de
eliminar en corto tiempo el mayor número de hectáreas posible,
para lo cual se aplicaría (de hecho, había comenzado a aplicarse
ya) una nueva y más eficaz concentración de Roundup, la mezcla
comercial sobre la base de glifosato patentada por la firma Monsanto.
La diferencia no tardaría en hacerse sentir. Las recientes fumigaciones
aéreas no sólo acababan con las plantaciones de coca sino
con los cultivos legales, además estaban afectando la salud humana,
causando afecciones en la piel y otras enfermedades. Comenzaron a presentarse
múltiples denuncias, que incluían también numerosos
casos de muerte de animales de granja, peces de estanques y contaminación
de aguas. En diciembre, varios líderes indígenas de comunidades
amazónicas viajaron a Washington para denunciar que las fumigaciones
con glifosato estaban poniendo en peligro la salud de sus comunidades y
el equilibrio ecológico de la selva amazónica.
Periodistas de diferentes medios de prensa de todo el mundo, ambientalistas
pertenecientes a respetadas organizaciones ecologistas internacionales,
científicos expertos en el área, etc., han visitado la zona
desde que se comenzara a aplicar la nueva mezcla química.
A las denuncias de la población directamente afectada (indígenas
y campesinos), muy pronto se sumaron las de funcionarios de entidades gubernamentales
colombianas (como la Defensoría, la Contraloría y algunos
miembros del Congreso) y las de organizaciones no gubernamentales dedicadas
al tema de las drogas, así como organizaciones de la sociedad civil
y sectores políticos de Colombia, de los países vecinos y
de EEUU. Las evidencias eran incontestables. Fuentes médicas de
la zona han reportado un alto incremento de las afecciones oculares y cutáneas.
Las afecciones comenzaban después de una fumigación e iban
desapareciendo en las semanas siguientes. Algo similar se observaba en
la acción de las fumigaciones sobre los cultivos. Mientras anteriormente
un arbusto de coca fumigado podía demorarse hasta diez días
antes de comenzar a marchitarse, ahora se secaba en uno o dos días,
y lo mismo sucedía con la yuca, el plátano, el maíz,
y todo lo que creciera en los alrededores. "Antes, el glifosato no parecía
ser tan efectivo. Ahora, cuando he visitado áreas fumigadas, es
como si alguien hubiera rociado gasolina y encendido un fósforo".
(R. Vargas)
Todo esto ha suscitado una extensa controversia alrededor de las fumigaciones.
Los analistas políticos han vuelto a poner sobre el tapete el cuestionamiento
a una política que ha demostrado repetidamente su inutilidad en
el pasado. Los ambientalistas han puesto de presente el factor ecológico:
la producción de coca y de cocaína, de la manera como se
realiza, está causando un serio deterioro de los bosques andinos
y la selva amazónica. La erradicación por medio de fumigaciones
aéreas de herbicidas no hace sino estimular este deterioro, no sólo
por el efecto desconocido de los químicos en el medio ambiente,
sino también porque obliga a los cultivadores a trasladar sus cultivos
selva adentro. Cultivos que, a su vez, serán fumigados, generándose
un círculo vicioso de destrucción. Los campesinos cultivadores
de las regiones fumigadas, con el respaldo de los gobernadores y otros
altos funcionarios, han hecho continuos llamados a que se suspendan las
fumigaciones y se implementen programas efectivos de erradicación
manual voluntaria y de sustitución de cultivos. Las comunidades
indígenas han insistido en el respeto a sus territorios ancestrales,
y en el valor que la tierra representa en sus culturas.
A todo esto la reacción más frecuente del gobierno estadounidense
ha sido siempre la de rechazo. Las fumigaciones son una política
central de la guerra antidrogas y, específicamente, de la colaboración
con el Plan Colombia, por lo tanto un punto incuestionable en el que no
están dispuestos a hacer ninguna concesión. "Si hubiera un
cese de la fumigación aérea habría un impacto inmediato,
probablemente devastador, sobre el apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia",
advirtió a comienzos de agosto Anne Patterson, embajadora de EEUU
en Bogotá. A todas luces el gobierno de Pastrana no está
dispuesto a asumir tal riesgo.
La fórmula
asperjada
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Mezcla usada en las fumigaciones |
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Composición |
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45% Roundup Ultra; 53,67% agua; 1% Cosmo-Flux 411F; 0,33%
Cosmo-InD. El Roundup Ultra mismo está constituido por 41% glifosato
(ingrediente activo); 44,5% agua, y 14,5% POEA, un surfactante combinado
cuya composición química es mantenida secreta por Monsanto
por razones comerciales. |
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Dosis por hectárea |
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Se fumiga un promedio de 23,66 litros (6,25 galones)
de esta mezcla por hectárea de coca, lo que quiere decir, 10,4 litros
de Roundup Ultra, 0,24 litros de Cosmo-Flux y 0,08 litros de Cosmo-InD,
mezclados en 12,94 litros de agua. |
Un aspecto central de la controversia ha girado alrededor del tema del
glifosato, que es el nombre más conocido de los componentes de la
fórmula que se aplica. Durante mucho tiempo se señaló
el glifosato como el responsable de los problemas de salud reportados por
la población, de la destrucción de cultivos lícitos
y de los daños al medio ambiente. Debido a ello, cada cierto tiempo
el Departamento de Estado de EEUU producía un Fact Sheet, una declaración
de prensa o algún otro comunicado oficial para recalcar las buenas
calidades de este producto, como un pesticida agrícola de amplia
utilización en muchos países, que además se viene
usando en Colombia desde 1984, "menos nocivo que la aspirina y que la sal
común", etc. Argumentos, todos estos, que siempre han contado con
el respaldo oficial del gobierno central de Colombia, el ejército
y la policía antinarcóticos.
El TNI, junto con varios científicos expertos en plaguicidas,
ha producido por su parte informes y documentos en los que se cuestionan
las aseveraciones del Departamento de Estado, señalando particularmente
el desconocimiento que hasta hace poco tenía la opinión pública
respecto a la nueva mezcla en uso. No tiene sentido insistir en las bondades
del glifosato, cuando lo cierto es que este pesticida es solamente un elemento
más de la fórmula asperjada. Debido a la presión de
diversos sectores interesados en que se conociera la composición
de la nueva fórmula, finalmente los organismos oficiales correspondientes
revelaron la presencia de ingredientes como el Cosmoflux-411 y el Cosmo-in-
D, entre otros, en la mezcla aplicada, además de los niveles de
concentración del glifosato empleado en ésta.
La oficina de narcóticos del Departamento de Estado respondió
publicando un nuevo informe en el que afirma que los ingredientes mencionados
eran de uso seguro y que no había elementos que hicieran suponer
riesgos para la salud humana. Ello a pesar de que para esa fecha no existía
ningún estudio científico que lo garantizara.
Mientras tanto las aspersiones continuaban realizándose intensamente
en la región, generándose nuevas y sucesivas quejas. Fueron
notorios los daños a fincas y granjas integrales pertenecientes
a proyectos socioeconómicos realizados en cooperación con
el gobierno alemán, lo que motivó a este país europeo
a pronunciarse en contra de los aspectos "punitivos y de persecución"
que incluye la estrategia antidrogas colombiana. Los funcionarios de la
Defensoría colombiana pudieron comprobar también la destrucción
de proyectos agrícolas de entidades oficiales como el Plante, de
Corpoamazonía, y de las Naciones Unidas. El Defensor pidió
entonces una suspensión inmediata de las operaciones con herbicidas
en todo el país (obteniendo la suspensión temporal en los
departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá) hasta
que no se realizara una información cartográfica precisa
que evitara la destrucción de cultivos y proyectos lícitos.
Este ha sido otro punto central de la controversia: la imprecisión
de las aspersiones. Mientras las autoridades antinarcóticos insisten
en la exactitud milimétrica como son llevadas a cabo las fumigaciones,
la realidad ha probado lo contrario. Un buen ejemplo de ello fue el "baño
de glifosato" (así lo tituló la prensa) que sufrió
el senador estadounidense Paul Wellstone, un fuerte opositor de las fumigaciones
en el Congreso estadounidense, cuando fue invitado a una demostración
de las precisiones técnicas de las operaciones aéreas de
fumigación. El viento arrastró la nube herbicida hasta el
sitio en que se encontraban los invitados de honor, lugar que no era precisamente
el blanco establecido previamente por los satélites.
En marzo de este año comenzaron a aparecer casi a diario artículos
y notas editoriales en los principales periódicos estadounidenses
mencionando los efectos de los químicos en la población y
el medio ambiente, las repercusiónes sociales de una estrategia
que podía terminar escalando el conflicto armado y la destrucción
indiscriminada de cultivos ilícitos. El representante del UNDCP
en Colombia, Klaus Nyholm, dijo que las fumigaciones aéreas no debían
utilizarse en contra de los pequeños agricultores, quienes no tenían
otra alternativa que sembrar coca y amapola para subsistir. Cuatro gobernadores
de los departamentos colombianos más afectados por las fumigaciones
viajaron a Washington a exponer sus argumentos, en una tentativa de que
la administración de Bush reconsiderase lo que ellos percibían
como una iniciativa militarista hacia los campesinos cultivadores. Como
respuesta, el Departamento de Estado sigue persistiendo en que las fumigaciones
no son un punto en discusión y, mientras no se perciba una reducción
significativa de las hectáreas de coca, se seguirán realizando.
Pero mientras Washington podía darse el lujo de ignorar las críticas,
reduciéndolas a presiones de la guerrilla y del narcotráfico
organizado, en Colombia, el gobierno de Pastrana ha debido enfrentar la
enorme presión doméstica e internacional para parar las fumigaciones.
Una cosa eran los posibles intereses de la guerrilla y el narcotráfico,
y otra las pruebas confiables que existían sobre violación
de normas técnicas de fumigación, veedurías que no
realizaban la labor de supervisión para las cuáles se habían
creado, destrucción de bosque virgen, de cultivos lícitos
y de fincas con áreas menores a tres hectáreas, lo cual está
prohibido por la ley. Incluso el Ministerio colombiano del Medio Ambiente,
tradicionalmente a favor de las fumigaciones, emitió una resolución
atacando la oficina antidrogas del país por no haber suministrado
la información adecuada sobre el impacto de las fumigaciones en
el medio ambiente.
Elementos
de la controversia
Varios hechos han seguido alimentando la controversia durante estos
últimos meses: A mediados de mayo se publicaron los resultados de
un estudio del UNDCP sobre la extensión de los cultivos de coca
en Colombia. El estudio, basado en imágenes satelitales obtenidas
en agosto del año anterior, reveló que había más
coca de la que se pensaba, lo que azuzó el debate sobre la eficacia
de las operaciones aéreas antinarcóticos estadounidenses.
Según datos de la misma embajada estadounidense en Bogotá,
en diciembre de 1999 había 122.500 hectáreas de coca en Colombia,
y a pesar de que durante ese año se erradicaron 58.000 hectáreas,
en diciembre del 2000 la extensión era de 136.200 (162.000 h. según
el UNDCP). Sólo entre diciembre y mayo del 2001 se asperjaron 67
mil galones de herbicidas (casi 254 mil litros), no obstante los cultivos
ilícitos seguían fuera de control. Por qué no invertir
entonces esos recursos en desarrollo alternativo y programas sociales,
se preguntaban los sectores críticos.
En junio pasado, la compañía británica de químicos,
ICI, anunció que suspendía la venta de un aditivo usado en
el herbicida aplicado en Colombia, debido a que todavía éste
no había sido probado adecuadamente para el propósito que
se le estaba dando en Colombia. Se trata de la sustancia llamada Atplus
300f, con la cual la compañía colombiana Cosmoagro produce
el Cosmo Flux.
El gobierno ecuatoriano le expresó al colombiano su preocupación
por las operaciones aéreas con químicos en zonas fronterizas
y pidió que se hicieran nuevos estudios sobre el impacto de las
aspersiones, todo lo cual ha generado un amplio debate en ese país
vecino.
En junio, tres mil cocaleros del departamento de Norte de Santander
se levantaron para protestar en contra de las fumigaciones de sus campos
con herbicidas, llegando al punto de asaltar e incendiar una base aérea
de abastecimiento de combustible de aviones fumigadores. Estos actos han
representado la manifestación abierta más violenta por parte
de los cultivadores en contra de los esfuerzos de fumigación.
A comienzos de julio, la Policía Antinarcóticos anunció
la reanudación de las fumigaciones aéreas en el sur del Cauca
y el norte de Nariño. Esto a pesar de que el Defensor y los gobernadores
de estos dos departamentos reiteraron sus exigencias de mantener la suspensión
debido a que seguían vigentes las razones que habían motivado
dicha suspensión meses atrás. Más de 35.000 indígenas
y campesinos de la región se declararon en estado de alerta, amenazando
con marchar y bloquear la vía Panamericana.
Las Comisiones de Apropiaciones, tanto de la Cámara como del
Senado estadounidenses, expresaron por esas mismas fechas su preocupación
por los efectos de las fumigaciones en Colombia, pidiendo al Departamento
de Estado un detallado y periódico reporte sobre éstas, al
igual que el establecimiento de mecanismos de verificación que permitan
evaluar sus efectos. El Senado pidió incluso prohibir que se usen
fondos federales para la compra de químicos hasta que el gobierno
no certifique la ausencia de riesgos para la población.
Hubo pues una acumulación de presiones y voces de protesta a
todo nivel que contribuyeron a cambiar el giro de la controversia: al menos
temporalmente quedaba abierta la posibilidad de que las quejas de los campesinos
tuvieran algún fundamento. En este contexto se produjo la decisión
de un juez de Bogotá de suspender de inmediato las aspersiones aéreas
en el Sur de Colombia, por razones de salud y medio ambiente. La suspensión
era temporal, mientras se estudiaba la acción de tutela presentada
por las comunidades indígenas del Amazonas. El mismo juez ordenaría,
once días más tarde, un reinicio de las fumigaciones al ser
rechazada la tutela por no hallarse pruebas de los daños, aunque
a la fecha seguían sin hacerse los estudios científicos necesarios.
Según el subsecretario de Estado para asuntos narcóticos,
Rand Beers, no existen evidencias científicas de que los programas
de erradicación sean nocivos para la salud, aunque reconoció
que podía haber evidencias de riesgos sanitarios y que por lo tanto
se realizaría una investigación para determinar la seguridad
del herbicida. Beers reconoció también que la EPA (agencia
estadounidense de protección del medio ambiente) todavía
no ha analizado la nueva mezcla más concentrada que se utiliza actualmente
contra la coca, pero que pronto científicos de esta agencia y del
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades estudiarán
los efectos del herbicida en seres humanos. Con esto la administración
de Bush espera silenciar las críticas a las fumigaciones aéreas,
aunque todavía falta conocer los resultados de estas investigaciones.
El futuro de la Iniciativa Regional Andina de Bush y, específicamente
de las fumigaciones, puede depender de estos resultados.
Mientras tanto siguen sin definirse las diferentes propuestas procedentes
de Naciones Unidas, de organismos gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales e internacionales, de que se establezca una veeduría
internacional que evalúe el efecto real de las fumigaciones o una
Comisión Internacional independiente que analice la política
antidrogas en su conjunto.
FUMIGACIONES
Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
La creciente oposición a una estrategia controvertida
La campaña de fumigaciones en áreas del Sur colombiano,
bajo la estrategia del Plan Colombia, comenzó en diciembre del 2000
rodeada de una fuerte oposición por parte de las comunidades de
campesinos involucradas y de organizaciones de la sociedad civil nacionales
e internacionales. Desde entonces, las voces en contra del uso de herbicidas
químicos para erradicar cultivos ilícitos han aumentado de
manera significativa, abriendo el camino a un debate más amplio
sobre la política de drogas que se ejecuta en el país latinoamericano.
Se podría hablar de tres niveles de discusión en torno
a la estrategia de fumigaciones: el primero se centra en los aspectos técnicos
del manejo de las mismas sin solicitar la suspensión de las fumigaciones;
en el segundo se solicita la suspensión de las fumigaciones en base
a cuestionamientos de orden técnico, jurídico y económico;
mientras en el tercero, más de carácter político,
se rechazan las aspersiones debido a sus consecuencias socioeconómicas
y medioambientales y se apoyan las propuestas alternativas.
El primer nivel de la discusión gira en torno al manejo técnico
de las fumigaciones, sin una solicitud expresa de su suspensión.
En este sentido destaca la posición del Ministerio del Medio Ambiente,
cuyo representante, Juan Mayr, ferviente defensor de la estrategia, se
vio obligado a rechazar el Plan de Manejo Ambiental presentado por la Dirección
Nacional de Estupefacientes (DNE) por no responder "a los alcances y objetivos
definidos en los términos de referencia ni a los requerimientos
de información que el Ministerio solicitó en repetidas oportunidades".
Así mismo, en el plano internacional, el UNDCP ha criticado las
fumigaciones de los pequeños cultivos y ha propuesto una veeduría
internacional que supervise el programa de fumigaciones.
En el segundo nivel de la discusión se solicita expresamente
la suspensión de las aspersiones debido a cuestionamientos de orden
técnico, jurídico y económico. En este nivel se encuentran
los órganos de Control del Estado en Colombia, tanto la Defensoría
del Pueblo como la Contraloría General, cuyo representante, Carlos
Ossa Escobar, ha criticado el fuerte endeudamiento generado por la puesta
en marcha del Plan Colombia.
En el ámbito internacional, el Parlamento Andino ha solicitado
suspender temporalmente las aspersiones hasta que se realicen estudios
técnicos sobre los impactos del glifosato.
En el tercer nivel se encuentra el debate alrededor de las consecuencias
socioeconómicas y medioambientales de la estrategia, con argumentos
que rechazan de plano las aspersiones y con propuestas alternativas de
descriminalización de los pequeños campesinos y de procesos
de erradicación manual concertada, gradual y voluntaria.
Apoyando esta postura se encuentran, entre otros, los gobernadores del
Sur, un grupo heterogéneo de senadores y representantes, así
como un amplio espectro de organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales. En Colombia el debate se desarrolla principalmente en
los departamentos del Sur del país, en los medios de comunicación,
en el debate público de las campañas electorales y en el
mismo Congreso de la República, en donde ha dado lugar a la presentación
de tres proyectos de ley en el órgano legislativo: 1) legalización
de la producción, distribución y consumo de drogas, pero
bajo el monopolio del Estado; 2) descriminalización de los pequeños
agricultores de cultivos ilícitos y 3) prohibición de la
fumigación aérea de plantaciones no legales.
Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo y el gobierno de Ecuador también
han solicitado la suspensión de las fumigaciones y la búsqueda
de alternativas, aunque éste último limita su reclamo a la
franja de terreno fronteriza con su territorio. Alemania ya había
conseguido que el gobierno colombiano se comprometiera a dejar de fumigar
en áreas de Cauca y Nariño, donde se llevan a cabo proyectos
de desarrollo alternativo financiados por la cooperación técnica
y financiera del país europeo.
En estos momentos el enfoque se está ampliando hacia un cuestionamiento
de la lógica de las políticas de drogas de contención
de la oferta, con la decisión desde el Senado de Colombia de enviar
una carta al Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, solicitando
que una comisión de alto nivel evalúe la política
actual antidrogas.
Todo ello ha dado lugar a un fuerte debate en el Congreso de EEUU, impulsado
por diversas organizaciones no gubernamentales y secundado por los principales
medios de comunicación estadounidenses. Como consecuencia, la Comisión
de Apropiaciones del Senado, en julio pasado, decidió bloquear los
recursos de la Iniciativa Andina para fumigar cultivos ilícitos
en Colombia hasta que el Departamento de Estado entregue un reporte sobre
seguridad y salubridad. Por otra parte, varios senadores presentaron diversas
enmiendas para condicionar el paquete de ayuda a que se produzca una mejor
situación de DDHH, detener o suspender la fumigación de cultivos
ilícitos y prevenir que el apoyo de EEUU pase de una estrategia
antidrogas a una de contrainsurgencia.
Otro elemento que debilita la posición del gobierno estadounidense
es la controversia en torno a la contratación de personal extranjero
para la realización de operaciones antidrogas en Colombia. El Congreso
de EEUU impuso un límite de 500 militares y 300 contratistas civiles
como máximo, durante un mismo periodo de tiempo. Sin embargo, y
en vista de que la ley se refería a "estadounidenses", el Departamento
de Estado o las firmas de contratistas que operan en el país, como
DynCorp, han venido vinculando personal de Guatemala, Honduras y Perú,
para así mantenerse dentro de los límites. Además,
algunos pilotos centroamericanos entrevistados para trabajar con DynCorp
han declarado a los medios de comunicación que se les pidió
experiencia en combate. (Los Angeles Times , August 18, 2001)
Sin embargo, la lucha antidrogas, y dentro de ella las fumigaciones,
tiene como fondo un escenario de guerra, de conversaciones de paz y de
período electoral que sitúan el tema en un contexto de alta
complejidad por la serie de posicionamientos políticos y militares
que hoy se están produciendo.
| EL DEBATE SOBRE LAS FUMIGACIONES |
| Debate técnico con solicitud
de suspensión de las fumigaciones |
Debate técnico
sin solicitud de suspensión de las fumigaciones |
Rechazo a las
fumigaciones y búsqueda de alternativas |
| COLOMBIA |
| MINISTRO DE MEDIO
AMBIENTELa Resolución de mayo de 2001 rechaza el Plan de Manejo
Ambiental presentado por la Dirección General de Estupefacientes
por no responder "a los alcances y objetivos definidos en los términos
de referencia ni a los requerimientos de información que el Ministerio
solicitó en repetidas oportunidades". |
DEFENSOR DEL PUEBLO
Ha solicitado reiteradamente al Gobierno, mediante Resolución
Defensorial (feb./01) y diversas cartas al Ministerio de Justicia, la suspensión
de las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos. |
AUTORIDADES LOCALES
Los gobernadores del Sur de Colombia proponen la erradicación
manual concertada, gradual y voluntaria como alternativa a las fumigaciones. |
| CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. Carlos Ossa Escobar, propuso, en julio
de 2001 una veeduría internacional que evalúe el programa
de erradicación de cultivos ilícitos, y pidió al Ministerio
del Medio Ambiente ordenar la suspensión de las fumigaciones hasta
que se adopten las medidas correctivas necesarias. |
SENADORES Y REPRESENTANTES
Se han presentado tres proyectos de ley en el Senado
de la República: 1) legalización de la producción,
distribución y consumo de drogas, pero bajo el monopolio del Estado;
2) descriminalización de los pequeños agricultores de cultivos
ilícitos y 3) prohibición de la fumigación aérea
de plantaciones no legales. |
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
Las cuatro principales redes de organizaciones de la
sociedad civil en Colombia (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por
la Paz, Paz Colombia, Redepaz y Mandato Ciudadano por la Paz) han exigido
el cese de las fumigaciones y apoyado las demandas de los gobiernos departamentales
del Sur del país. |
| ÁMBITO INTERNACIONAL |
UNDCP
El director para Colombia y Ecuador, Klaus Nyholm, expresó
en julio al Gobierno colombiano su rechazo a las fumigaciones en cultivos
pequeños y propuso establecer una veeduría internacional
que supervise el programa de fumigación de cultivos de coca y amapola. |
PARLAMENTO ANDINO
Resolvió en agosto pasado, por unanimidad, que
el Gobierno colombiano suspenda temporalmente las fumigaciones con glifosato
en los sembradíos de coca. La decisión se mantendrá
hasta que se realicen los estudios técnicos sobre los impactos de
este químico. |
PARLAMENTO EUROPEO
Emitió una resolución (Feb/01) de rechazo
al Plan Colombia: la UE "debe dar los pasos necesarios para garantizar
la suspensión del uso masivo de herbicidas químicos... ".
Ha solicitado al presidente Andrés Pastrana detener el daño
ecológico, contener el éxodo de desplazados y parar las fumigaciones.
Respalda la propuesta de los departamentos del Sur sobre erradicación
manual. |
ECUADOR
El gobierno ecuatoriano ha exigido al gobierno colombiano
que la fumigación se realice a 10 Km. de distancia de la frontera
con Ecuador y le ha sugerido que abandone la práctica de fumigar
los cultivos ilícitos y en su lugar ensaye su erradicación
manual en la frontera. |
COMISIÓN DE APROPIACIONES
DEL SENADO DE EEUU
En julio pasado decidió bloquear los recursos
de la Iniciativa Andina para fumigar cultivos ilícitos en Colombia
hasta que el Departamento de Estado entregue un reporte sobre seguridad
y salubridad. |
ONG: Cáritas Internacional;
Oxfam; Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU);
Transnational Institute; Institute for Policy Studies; Wola; Center for
International Policy.
REDES: European Council on Drugs and Development
(ENCOD); International Coalition of NGO's for Just and Effective Drugs
Policy (ICN); Grupo ABC; World Wildife Fund; Latin America Working Group
(LAWG); Alianza Amazónica para los Pueblos Indígenas y Tradicionales
de la Cuenca Amazónica; Movimiento Agroecológico de América
Latina y el Caribe (MAELA); Coordinadora de Organizaciones Indígenas
de la Cuenca Amazónica (COICA); red de 50 organizaciones europeas
que firmaron la Declaración del 30 de abril de 2001. |
Posibles
escenarios
Las conversaciones de paz, aunque débiles, hacen parte todavía
del panorama colombiano actual. El giro que tomen las conversaciones será
clave para decidir, o bien un fortalecimiento de la solución política
al conflicto, o una confrontación directa, generalizada, tendiente
a debilitar la insurgencia.
El estado crítico generado por la debilidad de las conversaciones
sumado al debate actual sobre las fumigaciones, nos permite esbozar dos
escenarios posibles:
ESCENARIO 1: Escalamiento del conflicto e intensificación
de las fumigaciones
Como se señaló, la estrategia de fumigaciones en Colombia
está muy vinculada al conflicto que vive el país. Al mismo
tiempo de producirse el debate sobre la política de drogas en Colombia,
y a un año del fin del período presidencial de Andrés
Pastrana, el programa líder de su gobierno, la paz, entra en una
fase crítica. El escalamiento de las acciones de guerra, tanto del
gobierno como de la guerrilla y de los grupos paramilitares, con una grave
incidencia sobre la población civil, ha profundizado la crisis de
un modelo de conversaciones en medio de la confrontación armada:
-
GOBIERNO. La militarización de la lucha antidrogas y la implementación
del Plan Colombia muestran, cada vez más claramente, su naturaleza
contrainsurgente. Las fumigaciones aéreas continúan dejando
una estela de daños tanto sobre la población (salud, economía,
seguridad alimentaria) como el medio ambiente, con graves consecuencias
para la legitimidad del Estado y nutriendo el control social armado de
los grupos insurgentes.
-
EJÉRCITO. Empieza a asumir acciones ofensivas de guerra,
generadas entre otras, por la seguridad de la logística militar
en el marco del Plan Colombia, el reclutamiento de más soldados
profesionales, el replanteamiento de las estrategias propias de la confrontación
irregular y la creciente presencia de militares y civiles extranjeros experimentados
en lucha contrainsurgente. Acciones como la producida en el departamento
amazónico del Guaviare, a través de la operación "7
de Agosto", buscan asestar golpes contundentes a la insurgencia y de este
modo, cambios en la correlación de fuerzas a favor de los organismos
de seguridad del Estado induciendo en los hechos hacia una modificación
del escenario de conversaciones de paz.
-
GUERRILLA. La suspensión de las conversaciones con el ELN
ha agudizado la crisis en la solución política del conflicto,
al tiempo que representa una señal de advertencia para las FARC.
Como respuesta, el ELN ha recurrido al aumento de las acciones contra la
infraestructura económica del país, secuestros, retenes y
en general hechos con costos graves sobre la población civil, buscando
con ello demostraciones de fuerza que modifiquen el trato displicente del
Estado. Por su parte, las más recientes acciones de las FARC las
han puesto en el punto de mira de la comunidad internacional: secuestro
de tres técnicos de la GTZ de Alemania y del ex gobernador del Meta,
bajo circunstancias que comprometen el respeto de la inmunidad diplomática.
Simultáneamente dan muestras de indiferencia frente a los mensajes
de la Unión Europea rechazando el secuestro de los técnicos
alemanes y frente a los cuestionamientos por violaciones al DIH de Human
Rights Watch. Tales situaciones, junto con las denuncias sobre el uso de
la zona de despeje como parte integral de los escenarios de una guerra
degradada (secuestros, reclutamiento forzoso, etc.), están siendo
capitalizadas por los amigos de una solución de fuerza.
-
PARAMILITARES. Continúan su avance estratégico a través
de la consolidación del control social con el uso del terror y el
ajusticiamiento de sospechosos de colaborar o simpatizar con las guerrillas.
Así mismo, desarrollan ejecuciones en contra de miembros de la justicia
que, en estado de indefensión, investigan graves hechos de los que
los paramilitares son presuntamente responsables.
-
EEUU. El equipo de Gobierno que se dibuja bajo la administracion
Bush expresa una continuidad en la militarización de la lucha antidrogas,
y la ampliación del control aéreo y marítimo bajo
el concepto de seguridad hemisférica. Las frecuentes declaraciones
de funcionarios norteamericanos sobre el conflicto armado colombiano, cuestionando
la voluntad de paz del ELN, la zona de despeje o las bondades del proceso
de paz con las FARC, borran cada vez más la tenue frontera entre
su injerencia en la lucha antidrogas y en el conflicto armado, propiciando
condiciones para una solución de fuerza en Colombia.
Todo indica que, si no se dan pasos en dirección a una solución
política del conflicto sobre la base de un replanteamiento del proceso,
lo que sigue será, o bien una continuidad de las conversaciones
de paz sin un fin tangible, afectadas además por el escalamiento
del conflicto armado, o bien una ofensiva total que busque una derrota
de las FARC y, por tanto, un debilitamiento de su situación actual
en el marco de las conversaciones con el gobierno.
De cualquier manera, en este escenario las fumigaciones aéreas
se consolidarían como parte de los instrumentos de la guerra. Esto
llevaría a una intensificación de las aspersiones, pasando
a consolidarse su eficacia en los hechos, en función del "debilitamiento
de las finanzas de la guerrilla".
Sin embargo, debido a la fuerte oposición nacional e internacional,
el Gobierno colombiano se encuentra obligado a dar respuesta al cuestionamiento
de la estrategia de fumigaciones. Los estudios en marcha para evaluar sus
efectos sobre la salud y el medio ambiente podrían ser utilizados
para neutralizar las dudas y perfeccionar la técnica, introduciendo,
si fuera necesario, algunos cambios en la formulación de la mezcla
asperjada.
En este marco se sitúa la investigación que el gobierno
de los EEUU se ha comprometido a realizar en los próximos seis meses.
Este estudio está rodeado de una fuerte controversia, debido a que
su metodología se acerca a la experimentación con humanos.
La investigación examinará un centenar de campesinos en el
área de Putumayo para evaluar su condición de salud antes
de una fumigación, y reexaminará a esas mismas 100 personas
poco después de que la fumigación se lleve a cabo.
Según la embajadora Patterson, en carta al Senador estadounidense
Patrick Leahy, el diseño de dicho estudio ha estado a cargo de la
Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, en sus siglas en
inglés) y del Centro de Control de Enfermedades (CDC, en sus siglas
en inglés). Pero recientes informes de prensa han dejado saber que
este último centro no ha participado hasta el momento en el diseño
de tal estudio científico, y que, al respecto, el CDC solamente
se encuentra en una fase preliminar de discusión. La EPA, por su
lado, publicó recientemente un informe en el que menciona entre
los riesgos del uso del glifosato, afecciones pulmonares y respiratorias,
y a largo plazo, afecciones renales y efectos en la reproducción.
En este contexto también, la creación de una veeduría
internacional de seguimiento de los programas de fumigación en Colombia,
propuesta por Klaus Nyholm, director de UNDCP para Colombia y Ecuador,
serviría para reforzar la capacidad técnica de las fumigaciones,
dándole legitimidad a una estrategia que ha demostrado ampliamente
su inutilidad en la disminución de cultivos ilícitos.
ESCENARIO 2: Suspensión de las fumigaciones y fortalecimiento
del proceso de paz
La ineficacia de la estrategia antidrogas, incluyendo las fumigaciones,
y la necesidad de la reanimación del proceso de paz, hacen que las
perspectivas a la situación que vive Colombia vayan mucho más
allá del debate sobre la técnica de las erradicaciones forzosas
a fin de evitar sus repercusiónes sobre la salud y el medio ambiente.
La fumigación perfecta no existe, sobre todo en el contexto de un
conflicto armado como el de Colombia, en el que su función está
determinada, en gran parte, por su eficacia como instrumento de guerra.
Sin embargo, el alto grado de rechazo a la estrategia de fumigaciones,
tanto en Colombia como a nivel internacional, ofrece condiciones que favorecerían
una decisión de suspensión, ya sea en base a una resolución
del Congreso, como de otras iniciativas por parte de la Defensoría
del Pueblo, la Contraloría General o las mismas instancias judiciales.
Sin embargo, debido a la poca autonomía de Colombia en el manejo
de los cultivos ilícitos y a la fuerte vinculación existente
entre las fumigaciones y la dinámica de la guerra, la decisión
de suspenderlas no se adoptaría sobre la base de argumentos técnicos,
sino en función del desarrollo y decisiones alrededor de la confrontación
armada. La sola suspensión de las aspersiones - sin tener en cuenta
los otros factores que influyen en el agravamiento de conflicto - no sería
suficiente para evitar un escalamiento de la guerra.
El amplio movimiento de oposición a las fumigaciones podría
dar lugar a un proceso de agrupamiento, movilización y coordinación
de los esfuerzos de la sociedad colombiana, con el apoyo de los sectores
de la comunidad internacional favorables al fortalecimiento del proceso
de paz, en contra de las soluciones de fuerza dirigidas tanto al conflicto
interno como a los cultivos ilícitos, con el objetivo de incidir
en los dos temas. En este contexto se legitimaría la suspensión
de las fumigaciones sobre la base de un cese al fuego, una redefinición
de la política de drogas y la reanimación del proceso de
paz en Colombia.
Dentro de esta perspectiva se empiezan a barajar fórmulas que
deben ser suficientemente debatidas, como la necesidad de convocar a una
Asamblea Nacional Constituyente que oxigene el proceso de paz en crisis,
y que allane el camino para respuestas eficaces. Una redefinición
de la actual política de drogas en Colombia, en el marco de la búsqueda
de salidas al conflicto armado, debería incluir para el caso de
la producción, la suspensión de las fumigaciones, la descriminalización
de los pequeños cultivadores y la reorientación de las políticas
de desarrollo alternativo hacia los siguientes ejes:
-
Plazos y criterios viables de erradicación manual.
-
Procesos de Ordenamiento Territorial y Ambiental en función de alternativas
viables y concertadas, revalorizando lo rural y ambiental en el modelo
de desarrollo.
-
Programas sostenibles de corto, mediano y largo plazo.
-
Garantías a través de procesos en donde la participación
regional sea el resultado de la confianza entre las partes, y no como sucede
hoy con los pactos de erradicación manual, que son el resultado
de las amenazas de fumigación compulsiva y cuyos resultados se miden
en la erradicación de cultivos en el menor tiempo posible.
En el nivel global, la Comisión Internacional independiente de evaluación
de las políticas de drogas, propuesta por diferentes sectores de
la sociedad colombiana e internacional, supone un paso decisivo hacia la
búsqueda de alternativas a la deficiencia demostrada por la actual
estrategia antinarcóticos. Para que dicha Comisión pueda
cumplir con el cometido de una revisión profunda de las políticas,
se requiere del apoyo de los sectores de la comunidad internacional conscientes
del problema que representa la actual estrategia de drogas y de las graves
consecuencias que acarrea su implementación, tanto en escenarios
de crisis como el de Colombia como para la estabilidad regional andino
amazónica.
CARTA A LA EMBAJADORA
DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA
Bogotá, agosto 3 del 2001
Señora: Anne Patterson Embajadora de los Estados Unidos de América
Bogotá
Respetada señora Patterson:
Los titulares de prensa del 2 de agosto del 2001, reproduciendo sus
declaraciones en el sentido de que suspender la fumigación llevaría
a suspender el Plan Colombia no deja de ser una advertencia interesante.
Su anuncio debe haber llevado a muchos colombianos a pensar en cómo
sería un escenario sin ese Plan en nuestro país. En mi perspectiva
y como una contribución realista para medir los efectos de su llamado
de atención, alcanzo a percibir el siguiente escenario sin el Plan
Colombia:
-
Al suspenderse la fumigación y las acciones de fuerza en las zonas
cocaleras, en muy corto plazo se produciría una sobreproducción
de hoja de coca con la consiguiente caída espectacular del precio
de la pasta básica, con lo cual se produciría un efecto que
en 25 años de fumigaciones en Colombia no se ha logrado: bajar las
áreas de producción. Es evidente que las fumigaciones y las
acciones interdictivas son el principal sostén de los buenos precios
de la materia prima para producir cocaína, con el consiguiente efecto
de estímulo al incremento de las áreas de cultivos ilícitos.
Como se sabe, ese incremento de áreas de ilícitos es nocivo
a nuestro medio ambiente ya que la instalación de nuevos cultivos
significa más deforestación y mayor contaminación,
por el procesamiento de la pasta básica. De este modo se crearían
las mejores condiciones para que el campesinado productor ingrese - sin
el mecanismo de chantaje de las fumigaciones que es tan duro como ineficaz
- a procesos de alternativas de desarrollo para sus regiones.
-
Al salir el Plan Colombia, le quitaría un argumento a la insurgencia
que busca la polarización del conflicto armado, denunciando la intervención
indebida de su gobierno en la guerra que vive nuestro país. Este
hecho, junto con la interpelación a la guerrilla y a los poderes
reales detrás del paramilitarismo sobre su verdadero compromiso
frente a la lucha contra el narcotráfico, en el marco de un proceso
de paz replanteado y con un énfasis en decisiones claras frente
a la economía de las drogas, sería un inicio interesante
de solución a ese problema de cara a la comunidad internacional.
-
Igualmente eliminaría una de las trabas estructurales a la creación
de condiciones de confianza entre las partes que desarrollan conversaciones
de paz. En efecto, el Plan Colombia es uno de los factores que más
ha propiciado la radicalización de las fuerzas armadas frente a
una solución de fuerza del conflicto y justificado el rearme de
la guerrilla, su crecimiento y en general su preparación a un incremento
de la confrontación.
-
Así mismo, con la salida del Plan se le quitaría un factor
grave de deslegitimación del Estado colombiano en las zonas productoras,
puesto que al fumigar se afecta la economía legal e ilegal de regiones
enteras sin que aparezcan alternativas viables de desarrollo, ni se solucione
la pobreza de los colonos e indígenas. La inexistencia de procedimientos
judiciales claros para tramitar y decidir sobre las quejas de los campesinos,
la ausencia de voluntad política de Ministerios como Ambiente y
Salud para investigar esos casos, significan en el mediano y largo plazo,
una pérdida de legitimidad y confianza en el Estado empujando a
los productores a los brazos (armados) de las guerrillas y el paramilitarismo.
-
El retiro del Plan Colombia crearía condiciones favorables a la
cooperación internacional distinta a la de Uds., la cual busca alternativas
a la producción de ilícitos sobre la base de procesos manuales
de erradicación, en condiciones distintas a los actuales "pactos"
cuyo futuro es incierto, por las absurdas condiciones impuestas. Tal escenario
de confianza se vería complementado, con procesos de concertación
con las comunidades implicadas.
-
Con la suspensión de las fumigaciones y por tanto del Plan Colombia
se dejarían de afectar proyectos de desarrollo alternativo de la
cooperación internacional y del mismo gobierno colombiano (programa
Plante) con lo cual se le quitaría un factor perturbador de la buena
marcha de esas iniciativas.
-
Se crearían condiciones interesantes para empezar a entender que
el narcotráfico no se combate fumigando cultivos ilícitos
sino luchando contra la parte más rentable del negocio: las organizaciones
criminales, los mecanismos de lavado con grandes utilidades de la banca
internacional, el contrabando de armas, las redes de prostitución,
grandes casinos, etc. en fin, el gran lavado que se produce en las economías
legales e ilegales y que goza de una gran impunidad en el mundo global.
De este modo se corregiría la gran distorsión en el concepto
de corresponsabilidad, mal entendido como "yo pongo la plata (y me quedo
con ella a través e las empresas productoras de helicópteros,
aviones y contratistas de mercenarios) y Uds. la guerra en la parte de
la oferta, con sus grandes costos".
-
Se restablecería el escenario principal de acción de la Policía
Nacional que es velar por la seguridad de los ciudadanos en contra de la
distorsión presupuestal, administrativa y de cooperación
de hoy y que pone el énfasis en atender los requerimientos de Uds.
en la inútil y perjudicial erradicación con químicos
peligrosos. Los delincuentes de las grandes y medianas ciudades volverían
a sentir la presencia de la ley y es probable que la delincuencia disminuiría
o por lo menos, los ciudadanos se sentirían más seguros al
volver los policías a sus funciones originales. Con relación
al narcotráfico, la Policía empezaría a entender que
este problema se debe combatir con labores de inteligencia sobre el crimen
organizado y por lo menos se abrirían condiciones para saber algo
acerca de cuántas y de qué tipo son las desconocidas organizaciones
que hoy exportan centenares de toneladas de drogas ilegales hacia Estados
Unidos y Europa desde Colombia.
-
Se restablecería la función de seguridad de nuestras fuerzas
armadas en función de nuestros problemas y no sobre la base de la
agenda impuesta por Uds. en esa materia. Se levantaría la moral
de la tropa dedicada hoy a quemar cambuches o perseguir pequeños
productores en las destartaladas carreteras de las zonas productoras, en
donde hacen esperar 4 o 5 horas a los pobres colonos e indígenas
para sus requisas, mientras los narcotraficantes se mueven a sus anchas
por todo el territorio nacional, incluyendo ciertos ámbitos del
Estado.
-
Se abrirían las condiciones para que se persiga al narcotráfico
donde más le duele: en la extinción de los bienes adquiridos
con los dineros de las drogas. De este modo, los funcionarios que no han
hecho nada en esta materia o han cohonestado su fracaso, no podrían
encubrir su falta de compromiso a través de declaraciones públicas
radicales sobre la necesidad de fumigar los cultivos ilícitos.
-
Así mismo los presidentes dejarían de utilizar el comodín
de las fumigaciones para tapar su falta de compromiso en combatir la corrupción,
verdadera cantera de afirmación del narcotráfico. Así
mismo, los ministros de Justicia no podrían encubrir, con el tema
de las fumigaciones, su incapacidad absoluta para administrar y ordenar
la cárceles como centros de rehabilitación y no antros en
manos de poderes privados, incluido el narcotráfico.
-
Por otra parte, sin el Plan Colombia la comunidad internacional empezaría
a entender que en el país, la guerrilla no fue la que sustituyó
a los viejos carteles en crisis, sino que las organizaciones del narcotráfico
se diversificaron y se multiplicaron y que son estas las que sostienen
la gran demanda de materia prima para producir psicoactivos ilegales. E
incluso se empezaría a entender que se afectaría más
a la insurgencia, golpeando al capital comprador de materia prima que fumigando
los cultivos ilícitos como la supuesta "gran estrategia" para combatir
las finanzas de la guerrilla.
-
También se empezaría a entender que para la institucionalidad
colombiana es más peligroso el desajuste producido por los dineros
ya lavados y legalizados del narcotráfico, que las exportaciones
de drogas por realizar a futuro. Aquellos han potenciado un poder privado
sin antecedentes en Colombia y dirigen la estrategia contrainsurgente más
exitosa hasta ahora, a costa de la pérdida del monopolio de la fuerza
en manos del Estado y de violaciones inclementes al DIH y de expropiaciones
violentas a grandes masas de la población colombiana.
-
En fin, se acabaría la gran mentira que fundamenta el Plan Colombia
en el sentido de que el narcotráfico depende de los cultivos ilícitos
y se demostraría que es exactamente al revés: que son los
cultivos ilícitos los que dependen del capital del narcotráfico.
-
Pero lo más importante señora embajadora, es que con la salida
del Plan Colombia la comunidad internacional empezaría a entender
que los fracasos reiterados en materia e drogas no obedecen a la ausencia
de eficacia del Roundup; ni a los rechazos por los efectos devastadores
del Roun-dup Ultra; ni al impedimento oportuno del hongo fusarium oxysporum;
ni al control armado de la guerrilla en el Sur de Colombia; ni a la existencia
de adictos en sus ciudades, sino que obedecen a una vetusta e irracional
política de drogas que ha causado tantos o más daños
que algunas drogas ilegales de pésima calidad, usadas en condiciones
que multiplican sus riesgos, por razón de la represión que
se ejerce sobre sus demandantes.
Por las anteriores razones señora Patterson, como colombiano, sólo
me resta recomendar que deje una huella imborrable en nuestro país
y pase a la historia como la representante más sensata en la historia
de nuestras relaciones bilaterales: cumpla cuanto antes su advertencia
y ayude a retirar en el menor tiempo posible el nefasto Plan Colombia.
Con mi mayor respeto y consideración,
Ricardo Vargas M. Acción Andina - Transnational Institute (TNI)
TEXTOS DE REFERENCIA
-
Ricardo Vargas; Fumigaciones
y acciones antidrogas en la fuente: los fracasos encubiertos de una política,
Informe TNI/ Acción Andina, julio 2001
-
"Europa y el Plan Colombia",
Drogas y Conflicto. Documentos de Debate, TNI, n. 1, abril 2001
-
Martin Jelsma; Círculo
Vicioso: La guerra química y biológica a las drogas, TNI,
marzo 2001
-
Cultivos ilícitos
y Proceso de Paz en Colombia. Una propuesta para la paz, TNI/Acción
Andina, junio 2000
-
Ricardo Vargas; Fumigación y conflicto.
Políticas antidrogas y deslegitimación del Estado en Colombia,
Tercer Mundo Editores/TNI/Acción Andina, Santafé de Bogotá
(Colombia), noviembre 1999.
INFORMACIÓN EN INTERNET
-
Sitio web del programa
Drogas y Democracia del TNI y Acción Andina. Secciones especiales
sobre Drogas y Paz en Colombia, fumigaciones químicas, Guerra biológica
a las Drogas, Europa y el Plan Colombia, Centros Operativos de Avanzada.
En esta página se pueden encontrar documentos citados en esta publicación.
-
Center
for International Policy (CIP), en Washington. El conflicto de Colombia
y la crisis de derechos humanos está agravándose y la ayuda
militar y polí
tica de EEUU aumenta rápidamente. Al profundizar EEUU su implicación
en Colombia, este sitio web constituye una importante fuente de información.
-
Página web
especializada en la fumigación en Colombia y el Tercer Mundo, mantenida
por Jeremy Bigwood.
-
Corporación Unidades
Democráticas para el Desarrollo (CEUDES), equipo de profesionales
colombianos de diferentes áreas, orientados a fortalecer la participación
de las organizaciones sociales en el proceso de paz. Sección especial
sobre cultivos ilícitos, sustitución y erradicación.
| DROGAS Y CONFLICTO Documentos de Debate |
EDITORES:
Amira Armenta
Martin Jelsma
Ricardo Vargas M.
Virginia Montañés |
CONTACTO:
Transnational Institute
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